A medida que Brasil se encamina hacia una elección presidencial en un año que apunta a batir récords de temperatura global, el debate sobre el cambio climático permanece en un segundo plano. Según un análisis del Observatorio del Clima, que agrupa a más de 170 organizaciones, los programas de gobierno de los candidatos no están a la altura de la emergencia ambiental que ya se manifiesta en el país a través de sequías severas, incendios forestales e inundaciones.
El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca su cuarto mandato, es señalado por especialistas como el candidato con el plan más consistente. No obstante, su gestión enfrenta críticas por la contradicción de apostar por la expansión de combustibles fósiles. En octubre de 2025, Petrobras obtuvo autorización para perforar el pozo FZA-M-59 en la cuenca marítima de la desembocadura del Amazonas, tras detectar hidrocarburos en la zona en agosto del mismo año.
Por su parte, Flávio Bolsonaro propone en su programa de 79 páginas eliminar competencias de instituciones ambientales e indígenas bajo el argumento de mejorar la eficiencia. Suely de Araujo, del Observatorio del Clima, cuestiona esta postura, advirtiendo sobre un posible debilitamiento de los organismos de control. Además, Bolsonaro ha abogado por la legalización del fracking y ha calificado a las agencias ambientales de ser ideológicas y de izquierda.
En cuanto a Augusto Cury, psiquiatra y escritor sin trayectoria política previa, el Observatorio del Clima califica su plan como deficiente, señalando que, aunque menciona energías renovables y prevención de incendios, carece de una estructura clara sobre cómo implementar dichas medidas.
El próximo mandatario, que asumirá en 2027, deberá lidiar con un Congreso renovado. La plataforma Congreso Anti-Indígena del Consejo Indigenista Misionero (Cimi) reporta que el 88% de las votaciones sobre proyectos que afectan a pueblos indígenas han resultado desfavorables, evidenciando la influencia de sectores alineados con el agronegocio y la extrema derecha. Greenpeace advierte que una legislatura con esta composición podría abrir las puertas a una mayor destrucción ambiental.
