El sistema de justicia penal en Estados Unidos enfrenta un intenso escrutinio tras el anuncio del secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre la intención de retransmitir en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, ex psiquiatra militar condenado por el asesinato de 13 soldados desarmados en la base de Fort Hood, Texas, en 2009. Aunque el plan fue desestimado por el rechazo público, el caso ha puesto de relieve la búsqueda de alternativas a la inyección letal, método predominante desde 1982.
La controversia se intensificó tras la fallida ejecución de Christa Pike, quien sobrevivió a un intento de inyección letal y fue devuelta a prisión tras recibir atención hospitalaria. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, se han registrado 64 ejecuciones fallidas en los últimos 50 años, de las cuales 51 corresponden a inyecciones letales. Robin Maher, directora ejecutiva de dicho centro, señaló que los errores suelen derivar de personal poco capacitado, fármacos caducados o experimentación con nuevas combinaciones químicas.
El doctor Joel Zivot, profesor de anestesiología, ha cuestionado el "mito" de que la inyección letal sea un proceso pacífico, advirtiendo que puede provocar edema pulmonar y una sensación de ahogamiento. Ante estas complicaciones, estados como Alabama y Luisiana han implementado el uso de gas nitrógeno, un método que, según testigos y expertos, ha derivado en ejecuciones prolongadas y convulsiones. Asimismo, nueve estados han autorizado nuevamente la silla eléctrica, a pesar de su historial de fallos técnicos, mientras que Idaho, Misisipi, Oklahoma, Utah y Carolina del Sur han validado el pelotón de fusilamiento.
El panorama político ha sido determinante en este cambio de tendencia. Tras asumir el cargo en 2025, el presidente Donald Trump restableció la pena de muerte a nivel federal, revirtiendo la moratoria impuesta por la administración de Joe Biden en 2021. Trump ha abogado por ampliar la aplicación de la pena capital a delitos como el narcotráfico a gran escala y el tráfico de personas, argumentando que es una herramienta esencial para la disuasión.
