La transición energética en México enfrenta un desafío estratégico que va más allá de las metas de capacidad instalada: la posibilidad de aprovechar la expansión de centrales solares y eólicas para fortalecer la industria nacional en lugar de depender exclusivamente de la importación de equipos. Según el análisis de José Antonio Rojas Nieto, el objetivo de inyectar un 50 por ciento de energía libre de gases de efecto invernadero a la red para 2040 debe ir acompañado de una estrategia que reduzca la dependencia del gas natural importado y fomente el desarrollo regional.
Para ilustrar el potencial de esta integración, el experto propone ejercicios teóricos que contemplan 8 mil megavatios fotovoltaicos con una inversión estimada de 6 mil 400 millones de dólares, y 3 mil megavatios eólicos terrestres con una inversión de 5 mil 400 millones de dólares. Aunque no se trata de presupuestos oficiales, estos ejercicios buscan determinar cuánto de dicho capital podría traducirse en ingeniería, empleo especializado y producción nacional.
Rojas Nieto subraya que las oportunidades varían según la tecnología. Mientras que en el sector fotovoltaico México podría avanzar en la fabricación de inversores, electrónica de potencia y componentes de módulos, en el ámbito eólico el país ya cuenta con antecedentes en la producción de torres y palas, aunque advierte que es necesario verificar la vigencia y certificación de dichas capacidades. El especialista enfatiza que el valor agregado nacional no se limita al ensamble, sino que requiere una matriz detallada por componente que registre la participación real en la inversión, calidad, garantías y tecnología.
La propuesta sugiere una política industrial por etapas: iniciar con estructuras, acero, cables y obra civil, para avanzar posteriormente hacia subconjuntos electromecánicos y, finalmente, al diseño de equipos críticos. Este proceso, señala, requiere una demanda de largo plazo creíble, donde las contrataciones públicas y las inversiones mixtas, incluyendo las de la CFE, actúen como motores de escala bajo compromisos verificables de aprendizaje y desarrollo de proveedores.
Finalmente, el análisis advierte que la soberanía energética no implica el cierre de la economía, sino la capacidad de decidir, diseñar, operar e innovar. El costo de las renovables debe evaluarse de manera integral, considerando transmisión, almacenamiento y estabilidad del sistema, asegurando que la manufactura nacional contribuya a la seguridad de abastecimiento sin comprometer la confiabilidad ni el costo sistémico de la electricidad.
