SAN SALVADOR, El Salvador. — En marzo de 2021, el presidente Nayib Bukele anunció ante la conferencia Bitcoin 2021 en Miami, Florida, su intención de convertir a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin, prometiendo "prosperidad, libertad económica e inclusión financiera". Sin embargo, cinco años después, el dólar se mantiene como la única divisa de curso legal, la aceptación de la criptomoneda es voluntaria y proyectos emblemáticos como la "Bitcoin City" no se han materializado.
La cruzada comenzó en junio de 2021 con la aprobación de la Ley Bitcoin en la Asamblea Legislativa. Para su implementación, el gobierno creó un fideicomiso de US$150 millones, otorgó un bono de US$30 a cada ciudadano para incentivar el uso de la billetera digital Chivo Wallet y destinó US$50 millones adicionales a cajeros y logística. A pesar de estos esfuerzos, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA reportó en enero de 2025 que el 91,8% de los salvadoreños no utilizó el criptoactivo el año anterior.
El impacto en las remesas, que representaron el 26,3% del PIB en 2025, ha sido marginal. Según el Banco Central de Reserva (BCR), entre enero y abril de 2026, las remesas enviadas mediante billeteras de criptomonedas sumaron US$23,1 millones, apenas el 0,7% del total de US$3.286 millones. El economista Carlos Acevedo, ex presidente del BCR, señaló que el proyecto fracasó en su pretensión de adopción masiva, aunque destacó que el Estado no ha perdido dinero en sus inversiones, acumulando 7.798,37 bitcoins (equivalentes a US$636 millones hasta el jueves pasado).
La presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue determinante para el giro en la política. En diciembre de 2024, el gobierno alcanzó un acuerdo de financiamiento por US$1.400 millones condicionado a "mitigar los riesgos del bitcoin". Posteriormente, la Asamblea Legislativa reformó la ley, eliminando la obligatoriedad de aceptación. En septiembre de 2025, el Estado transfirió la propiedad mayoritaria de la Chivo Wallet a la empresa privada Linguard Labs, manteniendo al gobierno como socio minoritario.
Aunque el proyecto original ha sido desmantelado en sus aspectos más ambiciosos, defensores como Samson Mow, director ejecutivo de JAN3, sostienen que la iniciativa logró crear una industria regulada y otorgó a El Salvador un escenario global, a pesar de que la adopción ciudadana no alcanzó las expectativas gubernamentales.
