La agencia calificadora Standard and Poor's (S&P) ha emitido una advertencia sobre los riesgos que el fenómeno climático de El Niño representa para la estabilidad financiera de diez estados en México. Según el análisis, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán son las entidades con mayor exposición económica, debido a que su dinamismo productivo y niveles de empleo dependen de sectores altamente sensibles a las variaciones de temperatura y disponibilidad de agua.

Aunque S&P estima que el impacto potencial de El Niño en el país será moderado en comparación con otros mercados emergentes, advierte que la disparidad regional en sus efectos podría derivar en presiones presupuestarias significativas. Los gobiernos estatales podrían verse obligados a incrementar el gasto público para atender emergencias y reconstruir infraestructura, todo ello en un entorno de desaceleración económica.

El reporte identifica dos frentes de riesgo principales: en el norte y centro del país, las amenazas se concentran en sequías, altas temperaturas y escasez hídrica; mientras que en el Golfo de México, el sur y el sureste, los desafíos radican en lluvias intensas, inundaciones y deslaves. Adicionalmente, estados costeros como Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Veracruz mantienen una exposición crítica ante ciclones tropicales.

La vulnerabilidad de estas entidades se mide por el peso de sectores como la agricultura, la manufactura textil, la industria química, la construcción, el turismo y la generación de electricidad, los cuales representan cerca del 24% del empleo local en México. S&P clasifica como de 'alta exposición' a aquellos estados donde más del 34% del Producto Interno Bruto (PIB) proviene de estas actividades vulnerables.

El análisis también destaca que estados como Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora enfrentan riesgos relevantes debido a su dependencia de la manufactura automotriz, un sector intensivo en el uso de agua que aporta cerca del 27% del PIB estatal y el 13% del empleo local en dichas regiones.

Finalmente, la calificadora subrayó la incertidumbre sobre la respuesta ante desastres tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en 2020, el cual contaba con cerca de 27,000 millones de pesos. Ante este escenario, S&P señala que la capacidad de respuesta federal, junto con la fortaleza fiscal de cada estado y la contratación de seguros catastróficos, serán factores determinantes para mitigar el impacto en las finanzas públicas.