La crisis de seguridad que se intensificó en México a partir de 2006, bajo la administración de Felipe Calderón, transformó el panorama nacional con una estrategia de seguridad que derivó en una disputa territorial y de recursos. Este periodo estuvo marcado por eventos de alto impacto que conmocionaron a la sociedad, tales como los ataques con granadas el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán; la masacre de jóvenes en Villas de Salvárcar, Chihuahua, el 31 de enero de 2010; y el atentado al Casino Royale en Monterrey, Nuevo León, el 25 de agosto de 2011.
Durante estos años, las familias de las víctimas enfrentaron no solo la pérdida de sus seres queridos, sino también la criminalización por parte de las autoridades. Ante el abandono institucional y la falta de respuestas efectivas, en 2014, los colectivos de búsqueda tomaron la determinación de realizar las labores de localización por cuenta propia. Equipadas con varillas, palas, picos y otros insumos básicos, estas familias han desafiado los riesgos para buscar a los desaparecidos bajo la premisa: “¿Por qué les buscamos? Porque les amamos”.
Este movimiento ha sido calificado como una nueva forma de organización social que expone las dinámicas entre el Estado, el mercado y el crimen organizado. Al actuar con recursos propios y de manera autónoma, las buscadoras han construido comunidades de resistencia que buscan la verdad y la justicia frente a un sistema que, en su visión, ha priorizado la mercantilización de la vida. Actualmente, los pueblos zapatistas han manifestado su intención de realizar un recorrido por diversas zonas del país para ofrecer un encuentro y respaldo a las familias y colectividades buscadoras de México y Centroamérica, buscando visibilizar su lucha y fomentar la solidaridad social.
