El sistema de retiro de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido objeto de escrutinio debido a las condiciones de sus haberes y prestaciones, las cuales difieren significativamente de los esquemas de jubilación convencionales en México. Bajo el régimen anterior, los ministros accedían a un ingreso equivalente al 100 por ciento de su sueldo durante los primeros dos años y al 80 por ciento posteriormente, además de beneficios como seguros de gastos médicos, de vida, apoyo para medicamentos, personal de apoyo y vehículos.
Los registros financieros ilustran la magnitud de estos beneficios. Por ejemplo, Eduardo Medina Mora, quien renunció en 2019, recibió cálculos de más de 860 mil pesos anuales en 2020, con un haber mensual reportado en 2024 de aproximadamente 50 mil 559 pesos. Por su parte, Arturo Zaldívar, tras su renuncia, obtuvo un haber calculado proporcionalmente de cerca de 192 mil 584 pesos mensuales para 2024 durante los primeros dos años.
La reforma judicial, cuyo decreto fue publicado el 15 de septiembre de 2024, introdujo cambios significativos al establecer que los ministros que no fueran electos bajo el nuevo sistema perderían el derecho al haber de retiro, a menos que presentaran su renuncia dentro de una ventana jurídica específica. En octubre de 2024, ocho ministros presentaron su renuncia: Norma Piña, Javier Laynez, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara. A diferencia de ellos, la ministra Margarita Ríos Farjat renunció en el mismo periodo pero declinó el derecho al haber de retiro.
El impacto presupuestario es notable: mientras que en abril de 2024 el Poder Judicial erogaba cerca de 1.56 millones de pesos mensuales por estos conceptos, para septiembre de 2025 la cifra se elevó a aproximadamente 2.2 millones mensuales. Cálculos difundidos en 2024 sugieren que el conjunto de haberes y prestaciones para los ministros salientes podría representar cerca de 130 millones de pesos anuales.
Aunque la reforma eliminó el antiguo esquema para futuras integraciones, los derechos adquiridos bajo el régimen anterior permanecen protegidos. Ante este escenario, la nueva integración de la Corte ha anunciado que revisará los haberes y prestaciones de los ministros retirados, manteniendo abierto el debate sobre la proporcionalidad de estas compensaciones frente a las condiciones laborales del resto de la población mexicana.
