CIUDAD DE MÉXICO. — El Congreso Nacional Indígena (CNI) conmemoró tres décadas de trayectoria política y social con una Asamblea Nacional celebrada los días 10, 11 y 12 de octubre en la capital del país. El evento reunió a 352 delegados de 32 pueblos indígenas provenientes de 20 estados, junto con invitados de 15 entidades, para evaluar el estado actual de sus comunidades, el cual calificaron como crítico debido a la persistencia de desapariciones, asesinatos y encarcelamientos, además del asedio de megaproyectos capitalistas.
El CNI, cuya fundación formal se remonta al 12 de octubre de 1996 con la participación de la Comandanta Ramona, reafirmó su postura histórica de resistencia. María de Jesús Patricio Martínez, conocida como "Marichuy", vocera del movimiento, enfatizó la urgencia de fortalecer la organización: "No queremos llegar a otros 30 años y que ya estemos por mitad, que algunos de los pueblos ya están muriendo".
Uno de los puntos centrales de la asamblea fue el rechazo unánime a la iniciativa gubernamental de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la cual, según los delegados, busca controlar la autonomía de toma de decisiones en las comunidades. Como respuesta, el CNI acordó una reestructuración profunda que incluye la creación de la "Red por lo común", permitiendo que organizaciones de derechos humanos y movimientos populares que han acompañado su lucha se integren formalmente como miembros.
Entre los acuerdos alcanzados destacan el respaldo a la labor de las madres buscadoras, la exigencia de liberación de presos políticos, y el apoyo al plantón de las compañeras mazatecas ante la Suprema Corte, programado para el 14 de octubre. Asimismo, denunciaron la criminalización de las bases de apoyo zapatistas en el ejido La Culebra, Chiapas, y ratificaron su negativa a participar en procesos electorales o negociaciones oficiales, manteniendo su apuesta por la autonomía de hecho.
