La reciente demanda presentada por una exalumna de la Universidad de Cornell, identificada legalmente como Jane Doe, ha vuelto a colocar en el centro del debate nacional la gestión de las denuncias por agresión sexual en los campus universitarios estadounidenses. La demandante alega haber sido drogada y violada por varios hombres en una fraternidad en 2024, señalando que, aunque denunció los hechos ante la policía del campus, la fiscalía se negó inicialmente a presentar cargos. Ante la presión, el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, ha reabierto el caso esta semana.
La Universidad de Cornell ha defendido su actuación, asegurando que cumplió con la ley federal de derechos civiles conocida como Título IX. Según la institución, tras una investigación exhaustiva, se impusieron sanciones que incluyeron la expulsión de la fraternidad involucrada y la suspensión o expulsión de los estudiantes implicados. No obstante, el caso de Jane Doe resuena con las experiencias de otras víctimas, como 'Mary' —nombre ficticio—, quien relató a la prensa haber enfrentado un proceso 'emocionalmente agotador' tras ser agredida en su primer año universitario. A pesar de contar con pruebas físicas, la policía local se negó a presentar cargos, dejando la resolución del caso exclusivamente en manos de la administración universitaria.
Expertos como Nancy Chi Cantalupo, profesora de Derecho en la Universidad Estatal de Wayne, señalan que la red de sistemas paralelos —universitario y penal— es sumamente compleja. Mientras que el Título IX permite a las universidades ofrecer medidas de protección inmediatas, como separar a los estudiantes en el aula, el sistema de justicia penal requiere un estándar de prueba mucho más alto, lo que contribuye a que la gran mayoría de las agresiones en campus no sean denunciadas. Por su parte, abogados como Michael Diamondstein argumentan que el secretismo de los procesos universitarios busca proteger la privacidad de todas las partes involucradas, aunque críticos sostienen que este hermetismo a menudo impide que los testigos se presenten y protege la reputación de las instituciones.
