WASHINGTON, D.C., EE. UU. — El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este lunes 28 de septiembre de 2026 la revocación de visas a diversos funcionarios de alto nivel y empresarios en Sudamérica. La medida, fundamentada en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, se integra en los compromisos de la alianza Escudo de las Américas para combatir la corrupción, el narcotráfico y la conspiración.
Alcance de las sanciones
La administración estadounidense ha señalado que estas restricciones buscan impedir el acceso al país a individuos acusados de atentar contra gobiernos elegidos democráticamente. Las sanciones se extienden también a los familiares directos de los señalados.
- Bolivia: Es el país con mayor número de afectados, sumando trece cargos o exfuncionarios y un empresario. Entre los nombres destacados se encuentran el fiscal general, Roger Mariaca; el exministro de Justicia, Iván Manolo Lima; el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero; el fiscal superior Martín Daniel Irusta; la jueza anticorrupción Albania Chane Caballero; el fiscal titular de Santa Cruz, Alberto Zeballos; y el coronel de policía Frans William Cabrera. Adicionalmente, otros nueve ciudadanos bolivianos fueron declarados inelegibles para obtener visas en el futuro.
- Colombia: Las sanciones afectan a dos ciudadanos: el empresario Euclides Antonio Torres y la senadora Martha Isabel Peralta, presidenta del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), integrante de la coalición del Pacto Histórico.
- Perú: La restricción recae sobre Juan Carlos Núñez, juez del Tribunal Constitucional del Primer circuito de Lima.
- Ecuador: La medida alcanza a otros dos ciudadanos, cuyos nombres no fueron especificados.
Postura oficial
El comunicado oficial enfatizó la postura de la administración: "El mensaje del presidente Trump y del secretario (Marco) Rubio es claro: los funcionarios corruptos —y los criminales a quienes protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos".
