SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia. — Las autoridades bolivianas ejecutaron este jueves la detención del fiscal general del país, Roger Mariaca, y del fiscal provincial de Santa Cruz, Alberto Zeballos. El arresto se produjo en el aeropuerto internacional de Santa Cruz de la Sierra, en un contexto de alta tensión diplomática tras la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de cancelar las visas de ambos funcionarios, junto con las de otras 20 personalidades bolivianas.
Washington justificó la medida señalando que los implicados estarían involucrados en actos de corrupción, nexos con el narcotráfico y acciones para socavar la institucionalidad del gobierno boliviano. En el caso específico de Mariaca, el gobierno estadounidense afirmó que el funcionario recibió "sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia".
La oficina de comunicaciones de la Fiscalía General de Bolivia calificó la detención como "ilegal". Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la institución, denunció el hecho a través de una transmisión en redes sociales. Hasta el momento, no se han oficializado los cargos específicos que motivaron la aprehensión por parte de las autoridades locales.
Mariaca, quien asumió como fiscal general en 2024 tras ser designado por la Asamblea Nacional, había rechazado previamente la decisión de EE. UU. de cancelar su visa, calificándola de "interferencia". En una rueda de prensa realizada el martes, el funcionario declaró: "Me sorprendió la decisión, pero la respeto como una decisión que cada nación adopta dentro de sus propias competencias y jurisdicción. Sin embargo, espero el mismo respeto hacia nuestro país, sus instituciones y sus autoridades".
La trayectoria de Mariaca ha estado marcada por casos de alto perfil, incluyendo la investigación sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien escapó de un operativo en julio de 2023, y el caso del consultor político Fernando Cerimedo, acusado de ordenar el intento de asesinato contra su esposa, Nadia Beller, en agosto de este año. Por su parte, el vocero presidencial boliviano, José Luis Galvez, informó que el gobierno ha solicitado formalmente a EE. UU. la información que sustenta las acusaciones contra el fiscal para iniciar las investigaciones correspondientes.
