LA PAZ, Bolivia. — Congresistas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) denunciaron una supuesta intervención de funcionarios extranjeros durante la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que resultó en la destitución del fiscal general Roger Mariaca. La senadora Ana María Crispín acusó a un individuo identificado como Hermes Grullón, quien se presentó como representante de la embajada de Estados Unidos, de estar presente en el recinto legislativo junto a otros tres extranjeros, incluido un ciudadano argentino, para supervisar el proceso.
Según la senadora Crispín, Grullón habría intentado sobornar a parlamentarios mediante un código QR mostrado en su teléfono móvil. Ante los cuestionamientos, el diplomático afirmó que el código era para compartir su contacto de WhatsApp y sostuvo que su presencia respondía al apoyo del programa 'Escudo de las Américas' en un momento crucial para el país. El incidente ocurrió en el contexto de la destitución de Mariaca, quien dirigía investigaciones contra el asesor político argentino Fernando Cerimedo.
Tras la salida de Mariaca, el Congreso boliviano designó a José Armando Urioste como fiscal general interino, luego de que el presidente Rodrigo Paz promulgara una ley que faculta a la ALP para realizar dicho nombramiento. El presidente del Senado, Diego Ávila, confirmó la elección de Urioste por más de dos tercios de los votos.
Roger Mariaca fue detenido el 30 de septiembre después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos restringiera su visa, alegando su participación en actos de corrupción significativa, sobornos del narcotráfico y protección a delincuentes, aunque no se presentaron pruebas públicas. Actualmente, el ex fiscal enfrenta cargos en Bolivia por lavado de activos, tráfico de drogas y organización criminal, delitos que él niega. Se le ha dictado prisión preventiva por seis meses en un penal del sur del país.
La secretaría de Gobierno vincula a Mariaca con la protección del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado en marzo con apoyo de la DEA y posteriormente expulsado a Estados Unidos. En relación con este caso, otras 13 personas han sido detenidas, incluyendo tres fiscales, seis funcionarios de la fiscalía y cuatro individuos que intentaron retirar 300 mil dólares del domicilio del ex fiscal.
