A pesar de la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral en México, diseñada para fomentar la libertad y la democracia sindical, el ejercicio de estos derechos ha derivado en un escenario de riesgo para los trabajadores. De acuerdo con el informe titulado La invisibilidad del sindicalismo en la agenda de derechos, elaborado por la Casa del Obrero Socialista Antonio Vital (Cosav) y la fundación del sindicato metalúrgico Steelworkers, los activistas gremiales son blanco frecuente de despidos, hostigamiento, amenazas y, en situaciones extremas, intervenciones de grupos criminales.
El documento analiza seis casos específicos en los sectores automotor, manufacturero, transporte, hulero y minero, concluyendo que estas agresiones no son incidentes aislados, sino que conforman un “patrón estructural de violencia”. Según el análisis, el sindicalismo de protección patronal mantiene una presencia significativa en el país. Esta dinámica involucra a tres actores principales: empresas que intentan preservar el control mediante sindicatos de protección, autoridades que omiten garantizar la seguridad de los trabajadores y grupos delictivos que emplean la fuerza para frenar la organización independiente.
Hortensia Escobar, integrante de Cosav, destacó que las autoridades de los tres niveles de gobierno suelen minimizar estos riesgos al clasificarlos como controversias laborales entre particulares o delitos aislados. Esta falta de respuesta ha forzado a los trabajadores a recurrir al mecanismo laboral del T-MEC.
Entre los casos documentados destaca la mina Camino Rojo en Zacatecas, donde la empresa Orla Mining fue señalada por el panel laboral del T-MEC de utilizar al crimen organizado para presionar a los trabajadores a abandonar el Sindicato Nacional Minero. Otros ejemplos incluyen el ataque armado contra trabajadores de la llantera Tornel en el Estado de México, así como incidentes en una proveedora de Hyundai en Tijuana y en Manufacturas VU en Coahuila. Las agresiones documentadas trascienden los centros de trabajo, afectando la integridad física y emocional de los activistas en espacios públicos, redes sociales y sus propios domicilios.
Ante este panorama, la Cosav propone la creación de un mecanismo de protección específico para sindicalistas. Asimismo, exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a reconocer a estos trabajadores como defensores de garantías fundamentales, fortalecer las investigaciones, emitir medidas cautelares y generar recomendaciones que permitan desmantelar los patrones de violencia identificados.
