CHIHUAHUA, Chih. — La violencia en la Sierra Tarahumara ha escalado a niveles de terror con el uso de drones equipados con explosivos por parte del crimen organizado, una táctica que ha provocado el desplazamiento forzado de más de 200 familias originarias de los municipios de Moris y Uruachi, quienes actualmente se encuentran refugiadas en Ciudad Cuauhtémoc. Situaciones similares se registran con familias de Guadalupe y Calvo y Badiraguato, Sinaloa, desplazadas hacia Parral.
El fenómeno, que trasciende lo local, ha sido vinculado con dinámicas globales. Reportes recientes indican que mercenarios con experiencia en la guerra Rusia-Ucrania han sido contratados por cárteles mexicanos para instruir en el manejo de drones de combate. Asimismo, se recordó que en abril pasado, tras un accidente automovilístico donde fallecieron dos agentes de la CIA en la sierra de Chihuahua, autoridades estatales señalaron que estos se encontraban entrenando a policías en el uso de dicha tecnología.
La región se ha convertido en un punto estratégico para el procesamiento de drogas sintéticas y un corredor para infraestructura como el gasoducto Topolobampo-El Encino. Actualmente, existen 24 proyectos mineros vigentes en municipios marcados por la violencia, tales como Ocampo, Moris, Urique, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Morelos, Chínipas y Madera. En estas zonas operan empresas como las canadienses GoldCorp, Pan American Silver, Agnico Eagle, Evrim Resources, Reyna Silver y Silver Spruce Resources, la estadounidense Coeur Mining y la mexicana Fresnillo, cuyas actividades impactan las cuencas de los ríos Yaqui, Mayo, Fuerte y Conchos.
Se ha denunciado que estas compañías mineras negocian con grupos delictivos para que estos últimos impongan control territorial y sofoquen resistencias comunitarias. A esta dinámica se suma la explotación de recursos forestales y la comercialización de alcohol por parte de trasnacionales como Heineken y Constellation Brands, que lucran en territorios donde el tejido social ha sido debilitado mediante la imposición de autoridades ejidales afines al crimen organizado.
Finalmente, se advierte que tanto la violencia extractivista como el paternalismo de programas gubernamentales, que a menudo ignoran la autonomía de las comunidades indígenas, conspiran contra la autodeterminación de los pueblos. Se hace un llamado a fortalecer la Procuraduría Agraria y a que programas como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam) y Sembrando Vida se adapten a las necesidades reales de resistencia y organización de las comunidades.
