El proceso para la creación de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se encuentra en su etapa final, marcado por señalamientos de apresuramiento y falta de legitimidad. Desde junio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una consulta nacional que, según diversas organizaciones, ha ignorado los usos y costumbres de las comunidades involucradas.
La iniciativa deriva de la reforma constitucional de 2024, la cual exige una ley secundaria para definir las obligaciones del Estado. Para este fin, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas organizó más de 80 asambleas regionales con el objetivo de integrar las voces de los 68 pueblos indígenas del país. Sin embargo, la celeridad impuesta para cumplir con la fecha simbólica del 12 de octubre ha generado desconfianza.
La organización Indígenas 3D ha documentado, a través de un “Mapa de la Inconformidad”, el rechazo de al menos 119 comunidades, municipios y regiones en 15 entidades federativas. En estados como Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, Yucatán y Campeche, diversas asambleas fueron impedidas por los propios pobladores, mientras que en Aguascalientes, Zacatecas y Tamaulipas se reportó la exclusión de comunidades en el proceso. Asimismo, el Congreso Nacional Indígena y el EZLN han manifestado su rechazo a la metodología empleada.
Entre las preocupaciones centrales destaca la posible reducción de los márgenes de autonomía comunitaria frente a megaproyectos. Críticos señalan que la redacción actual de la iniciativa carece de criterios claros para definir qué constituye un “impacto significativo”, lo que dejaría a las comunidades en una posición vulnerable ante decisiones públicas y privadas.
Aunque existe una ventana de oportunidad para ajustar la propuesta antes de su discusión legislativa, especialistas advierten que la legitimidad del proyecto depende de que el gobierno abandone prácticas clientelares y reconozca la deuda histórica con los pueblos originarios. La aprobación de una norma jurídica, si bien es relevante, no sustituye la necesidad de políticas públicas coherentes que garanticen efectivamente los derechos de quienes han resistido durante más de 500 años.
