CONDORCANQUI, Perú. — La provincia de Condorcanqui, hogar de unos 70,000 miembros de las comunidades awajún y wampis, atraviesa una emergencia crítica marcada por la violencia sexual sistemática contra menores. Desde 2014, se han contabilizado cerca de 1,000 denuncias por abusos, tocamientos y violencia de género, cifra que algunas entidades estiman podría ascender a 1,400 casos. Esta situación ha derivado en una epidemia de VIH, incluso en niños de 3 y 4 años, además de múltiples casos de embarazo adolescente y una alarmante crisis de salud mental con intentos de suicidio.
Mónica Maureira, integrante del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la OEA, visitó la zona y describió un panorama desolador: "Vi niñas con hijos que evidentemente no habían procesado todo lo que les había pasado". La delegación confirmó que el problema es estructural y afecta a toda la comunidad, exacerbado por la ausencia del aparato judicial.
Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, denunció que las mujeres están solas en la protección de las menores. "El sistema judicial peruano simplemente dice que no tiene presupuesto para atendernos", señaló. Un informe de la Defensoría del Pueblo de 2024 reveló al menos 500 casos de acoso sexual en centros educativos. De los cerca de 170 profesores acusados, la mayoría no ha sido procesado; muchos fueron absueltos o trasladados, evadiendo la justicia.
El impacto en la salud es devastador. Según el Mesecvi, hay niñas de 3 o 4 años contagiadas de VIH por abuso sexual. Datos del Ministerio de Salud de Perú indican que entre 2014 y 2026 se han registrado 190 casos de VIH en personas de 14 a 19 años en estas comunidades, con una prevalencia regional del 1.8%, seis veces mayor que en otras partes del país. Ante la falta de recursos, el Ministerio de Salud ha declarado una emergencia médica en la zona.
Janet Tello, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Perú, ha solicitado un incremento presupuestario ante el Congreso, argumentando que el gobierno solo cuenta con el 19% de los recursos necesarios para enfrentar la criminalidad. Por su parte, la ministra de la Mujer, María Seminario, reconoció ante medios locales la necesidad de una respuesta estatal articulada para abordar esta problemática de manera integral.
