QUITO, Ecuador — El gobierno encabezado por el presidente Daniel Noboa ha implementado medidas drásticas para enfrentar la crisis energética que atraviesa el país, obligando a más de 9 mil empresas a desconectarse de la red eléctrica durante 72 horas. El objetivo declarado de esta acción es evitar cortes de energía en los hogares; sin embargo, desde el pasado miércoles, la mayoría de las ciudades ecuatorianas han registrado apagones que han interrumpido las actividades comerciales y educativas.
La situación se agrava con el anuncio del mandatario sobre un mantenimiento preventivo al sistema de transmisión eléctrica nacional programado para los próximos días. En una entrevista radial, Noboa señaló: “Vamos a hacer mantenimiento e inversión en la red de transmisión y en las distribuidoras, y asegurar el servicio (energía eléctrica) para lo que se viene en los peores meses de El Niño”. No obstante, el presidente no detalló la duración ni las regiones específicas que se verán afectadas por estas labores. Adicionalmente, Noboa informó que del 1º al 15 de noviembre se aplicará un toque de queda en algunas provincias de la costa para combatir a bandas criminales.
A pesar de las promesas previas de que las familias no sufrirían daños, desde el último fin de semana se han reportado cortes no anunciados de hasta 18 horas diarias en diversas ciudades, afectando gravemente a pequeños negocios y la conservación de alimentos. El déficit energético nacional se sitúa en 1,391 megavatios, exacerbado por un descenso en las reservas hídricas superior a lo previsto.
El sector privado ha expresado su profunda preocupación, estimando pérdidas económicas superiores a los mil millones de dólares. Los gremios empresariales advierten sobre riesgos inminentes para el empleo y la producción, señalando que han tenido que desviar fondos operativos y de nómina para adquirir generadores propios. La Federación de Exportadores destacó que el 75 por ciento de su carga corresponde a productos perecederos, solicitando garantías para puertos y centros de refrigeración. Por su parte, el sector lácteo, que procesa 1.8 millones de litros diarios y genera 4 mil empleos directos, se reporta en riesgo. José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, confirmó el impacto crítico para la industria camaronera, la cual depende de refrigeración permanente para su exportación.
