La crisis educativa en Francia ha escalado a nivel nacional, impulsada por videos en redes sociales que exponen condiciones precarias en los centros escolares, desde ratas en los baños hasta techos con goteras y sistemas de calefacción inoperantes. Estas denuncias se suman al descontento por la saturación de las aulas y la alta frecuencia de clases canceladas.
Aunque Francia destina el 6,7 por ciento de su producto interno bruto (PIB) a la educación, la gestión fragmentada dificulta la mejora de las instalaciones. Mientras el Estado central en París gestiona los salarios y planes de estudio, el mantenimiento de los edificios recae en municipios, departamentos y regiones. Se estima que más del 80 por ciento de las escuelas primarias tienen más de 50 años, y entre el 10 y el 20 por ciento requiere renovaciones urgentes. En la región Île-de-France, se ha implementado un programa de 6.600 millones de euros para el periodo 2017-2027, logrando renovar dos tercios de las escuelas secundarias, aunque la protección contra el calor sigue siendo un desafío.
El panorama se complica con los resultados del estudio PISA de septiembre de 2026, que subrayan la gravedad de las deficiencias. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos de Emmanuel Macron desde 2017 —como la reducción de grupos en zonas desfavorecidas y la creación de 16.000 plazas docentes—, persisten problemas estructurales. El Tribunal de Cuentas reportó un nueve por ciento de clases perdidas en colegios públicos durante el ciclo 2023/24, y apenas el 12 por ciento de las horas canceladas fueron cubiertas por otros maestros en el año escolar 2024/25.
La disparidad salarial también es un factor crítico; tras 15 años de carrera, un docente francés gana cerca de la mitad que un colega alemán. Esta situación afecta la promesa republicana de igualdad, ya que el éxito académico sigue ligado al origen social de los estudiantes. Ante este escenario, el ministro de Educación, Édouard Geffray, mantiene diálogos con representantes estudiantiles para presentar soluciones a finales de octubre, aunque el presupuesto para 2027 contempla un incremento de 1.200 millones de euros frente a la eliminación de plazas docentes por la baja demográfica.
La protesta ha adquirido un matiz político a seis meses de las elecciones presidenciales. Mientras el Gobierno acusa al partido Francia Insumisa (LFI) de instrumentalizar el descontento, las manifestaciones han derivado en enfrentamientos y barricadas, convirtiendo la crisis educativa en un campo de batalla electoral.
