En pleno desarrollo del proceso electoral 2026-2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa un periodo de inestabilidad administrativa. La salida de Claudia Arlett Espino de la Secretaría Ejecutiva, ocurrida el 8 de septiembre, ha desencadenado una serie de conflictos laborales que mantienen a una treintena de empleados en un limbo jurídico y financiero.
Aunque la renuncia de Espino fue atribuida oficialmente a motivos de salud, diversas fuentes internas señalan un enfrentamiento con la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, respecto a la gestión operativa y jurídica del instituto. De los 50 trabajadores adscritos a dicha área, aproximadamente 30 fueron separados bajo el esquema de "renuncia voluntaria", aunque el proceso ha estado marcado por la falta de claridad y la ausencia de pagos de finiquito.
La situación ha generado cuestionamientos por parte de actores políticos y consejeros. El partido Somos y el consejero Arturo Castillo solicitaron informes sobre los movimientos de personal. Si bien se reportaron 831 bajas en lo que va del año, el reporte omitió a los 30 colaboradores del equipo de Espino, quienes fueron notificados de su salida con efectos al 15 de septiembre, para luego recibir instrucciones contradictorias sobre su permanencia.
"De los más cercanos a la doctora Espino, cinco sí se fueron, pero otros nos quedamos porque supuestamente no nos aceptaron la renuncia que ellos mismos nos pidieron, pero nos congelaron sin deberla ni temerla", declaró uno de los afectados. Otros empleados han reportado la desactivación de sus tarjetas de acceso, impidiéndoles gestionar su baja formalmente. Hasta el 1 de octubre, ninguno de los afectados había recibido su finiquito.
Ante este escenario, uno de los colaboradores envió una comunicación al actual encargado de despacho, Roberto Félix López, solicitando información sobre el estado de sus trámites y expresando la "zozobra generada en torno a la mediatización pública sobre las diversas renuncias". En su respuesta, Félix López manifestó sorpresa, aseguró que el trámite está en curso y negó haber emitido instrucciones para detener o retrasar los pagos, comprometiéndose a dar seguimiento a través de la dirección ejecutiva de administración.
