SAN RAFAEL DE ALAJUELA, Costa Rica. — La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este miércoles el Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (CACCO), una nueva instalación penitenciaria de máxima seguridad ubicada dentro del complejo La Reforma, a unos 20 km al noroeste de San José. El recinto, que comenzará a recibir a sus primeros reclusos a finales de este mes, está inspirado directamente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.
El CACCO cuenta con cinco módulos, cada uno equipado con 17 celdas de 90 m², con una capacidad total para albergar a 5,100 presos, calculando 60 reos por celda. Bajo este nuevo régimen, los internos deberán portar uniformes naranjas, tendrán prohibido poseer objetos personales, contarán con un esquema de visitas altamente restringido y solo podrán acceder a una hora de sol al día.
La mandataria justificó la medida ante el incremento de la violencia en el país, que cerró el 2025 con 873 homicidios, marcando el tercer año más violento en la historia de Costa Rica según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). "Estamos marcando un antes y un después en Costa Rica en la seguridad penitenciaria y en la seguridad nacional (...) Vamos a ejercer mano dura porque 'el que la hace la paga'", declaró Fernández.
El proyecto fue impulsado tras la visita de Nayib Bukele al país en noviembre de 2024 y el posterior viaje del entonces homólogo y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, al Cecot en diciembre. La primera piedra del CACCO fue colocada en enero por Bukele y Chaves. Por su parte, la presidenta Fernández, quien asumió el cargo en mayo, tiene programada una visita al Cecot este viernes para profundizar en el modelo penitenciario salvadoreño.
Aunque una encuesta de OPol Consultores de agosto indicó que el 96% de los costarricenses apoya el endurecimiento de las leyes contra el crimen organizado, la iniciativa ha generado críticas de activistas y opositores. Estos sectores advierten sobre los riesgos de replicar un modelo que, según expertos de la ONU, ha derivado en crímenes de lesa humanidad en El Salvador. Ante esto, Fernández enfatizó: "Vamos a ser duros, sí, porque quien comete el delito tiene que pagarlo. Pero, al mismo tiempo, vamos a honrar la tradición costarricense de respetar los derechos humanos fundamentales".
