El pleno del Congreso de España rechazó este viernes 2 de octubre de 2026 dos decretos propuestos por el Gobierno con medidas para afrontar la crisis de vivienda en el país. La votación, que resultó en una derrota legislativa para el Ejecutivo, fue impulsada por el voto en contra de los conservadores del Partido Popular (PP), la ultraderecha de Vox y los catalanes de Junts. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió las propuestas ante los parlamentarios, contando incluso con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El primer decreto, que contemplaba la regulación de alquileres por temporada, bonificaciones a propietarios que redujeran rentas y la suspensión de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional, fue rechazado por 178 votos contra 172. Tras conocerse el resultado, miles de manifestantes congregados en las inmediaciones del Congreso corearon consignas como "¡Vergüenza, vergüenza!" y llamaron a una "huelga general".
Posteriormente, se votó un segundo decreto que establecía la renovación automática de los contratos de alquiler, el cual fue rechazado con 166 votos a favor y 184 en contra. Esta medida apenas estuvo en vigor 16 horas, tras haber sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En la votación del segundo decreto, el bloque a favor estuvo integrado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Euskal Herria Bildu, Podemos, Coalició Compromís y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). En contra votaron el Partido Popular (PP), Vox, Junts per Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC).
Durante el debate, el ministro Bustinduy acusó a la oposición de defender los intereses de una "oligarquía rentista" y de dar "la espalda al pueblo". Bustinduy instó a los diputados críticos a revelar sus reuniones con grupos de presión, denunciando una "campaña del terror" por parte de los lobbies inmobiliarios. Por su parte, el diputado del PP, Sergio Sayas, acusó al Ejecutivo de intentar "cargarse la seguridad jurídica" y de generar un enfrentamiento innecesario entre inquilinos y propietarios.
Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Oxfam Intermón calificaron la decisión como un "claro revés" para el derecho a la vivienda, advirtiendo que condena a millones de personas a condiciones precarias. Ante este escenario, han surgido voces que exigen el adelanto de las elecciones generales, una posibilidad que el propio Gobierno ha señalado estar abierto a considerar.
