BOGOTÁ, Colombia. — El panorama económico de Colombia atraviesa un momento crítico. El pasado 27 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella declaró en una alocución televisada que las finanzas públicas del país se encuentran en su punto más delicado, sentenciando que "las finanzas públicas ya no aguantan más". Ante este escenario, el mandatario anunció el inicio de diálogos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida negociada a la crisis.
El presupuesto presentado al Congreso para 2027 revela una brecha profunda: mientras el gasto público alcanzaría el 24,9% del PIB, los ingresos estatales apenas llegarían al 15,5%. De no implementarse medidas correctivas, el año cerraría con un déficit del 9,4%, una cifra sin precedentes. Esta situación se ve agravada por el impacto del terremoto del pasado 10 de agosto, cuya reconstrucción se estima en 30 billones de pesos (aproximadamente US$9.200 millones).
De la Espriella ha atribuido esta crisis a la gestión de su antecesor, Gustavo Petro, a quien acusó de "sobreendeudar a Colombia" y "despilfarrar el presupuesto". Por su parte, expertos como Mauricio Salazar, del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señalan que el país sufre una baja capacidad de recaudo, con beneficios tributarios que representan el 9% del PIB, y un gasto público que se disparó durante la pandemia y nunca regresó a niveles previos. Según datos del Ministerio de Hacienda, el gasto rondaba el 18,4% del PIB entre 2004 y 2019, saltando al 23,1% en 2020 y 2021, manteniéndose en niveles similares durante el gobierno de Petro.
La deuda pública total a julio de 2026 ascendía a unos US$370.000 millones, equivalente al 60% del PIB, un incremento notable frente al 48% registrado antes de la pandemia. La situación se complica por el encarecimiento del crédito; en abril, Standard & Poor's redujo la calificación crediticia del país debido a la incertidumbre fiscal. El pago de intereses, que consumía el 2,9% del PIB antes de la emergencia sanitaria, alcanzó el 4,3% en 2024, amenazando con absorber gran parte del presupuesto de inversión.
Para enfrentar este panorama, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, planea presentar una ley de rescate fiscal que contempla recortes de gasto por 45 billones de pesos (US$14.000 millones). No obstante, analistas advierten que más del 90% del presupuesto es "inflexible", lo que dificultará cualquier ajuste sin afectar el crecimiento o la inversión social.
