CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá. — La isla de Coiba, un archipiélago en el Pacífico panameño que durante 85 años albergó una temida prisión caracterizada por trabajos forzados y torturas, vuelve a ser escenario de reclusión. Tras su clausura en 2004 y su posterior designación como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha trasladado a 32 reclusos a una base aeronaval en la isla desde junio pasado, citando necesidades de seguridad nacional tras una masiva fuga en la capital.
Un retorno polémico
El traslado, que incluyó a 29 reclusos en junio y tres más en agosto —entre ellos el exalcalde de Colón, Carlos Lee—, ha sido justificado por el mandatario como un golpe a las estructuras criminales. Sin embargo, la medida, que se ha consolidado a lo largo de este 2026, enfrenta el rechazo de científicos y organizaciones ambientales. El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá ha señalado que la ley que protege esta reserva, la cual abarca 270,125 hectáreas, no contempla la presencia de reclusos y limita el uso del territorio a la investigación científica y el ecoturismo.
Memoria de una prisión a cielo abierto
La historia de Coiba está marcada por la violencia, especialmente durante la dictadura panameña (1968-1989). Narciso "Mali Mali" Bastidas, un exguardaparques y antiguo recluso que cumplió una condena por asesinato entre 1988 y 1998, recuerda las condiciones extremas: "Si te intentabas fugar, te amarraban o esposaban a un árbol para que la chitra hiciera fiesta contigo". La prisión, que llegó a tener más de 20 asentamientos, fue escenario de una masacre en 1998 que aceleró su cierre definitivo en 2004.
El dilema de la conservación
Actualmente, Coiba es considerada un "parque jurásico moderno" por investigadores como el biólogo marino Edgardo Díaz Ferguson, debido a sus ecosistemas inalterados, los cuales se mantuvieron aislados precisamente por la existencia de la cárcel entre 1920 y 2004. A pesar de la preocupación por el impacto ambiental y la falta de acceso a los reclusos por parte de sus abogados, el Ministerio de Ambiente de Panamá sostiene que no hay afectaciones al entorno, ya que no se ha construido nueva infraestructura para alojar a los internos.
