La huelga en el Nacional Monte de Piedad, que estalló el 1 de octubre de 2025 tras la falta de acuerdos entre la institución y el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores, ha dejado a miles de clientes en una situación de vulnerabilidad patrimonial. El conflicto, que mantiene cerradas las 302 sucursales a nivel nacional, ha impedido que usuarios recuperen sus bienes, incluso aquellos que han cumplido con sus pagos.
Para afectados como Natalia, quien recurría al empeño para solventar gastos médicos y familiares, la incertidumbre es constante. “Mis prendas son de mucho valor para mí. Tienen valor sentimental, económico y de muchos esfuerzos”, declaró. Por su parte, Carlos, un usuario de la Ciudad de México con 17 boletas de empeño de 2025, estima que su deuda actual supera los 80,000 pesos, una cifra superior a los 65,000 o 70,000 pesos que calcula habría pagado bajo condiciones normales. “Me preocupa mis prendas, pero más me preocupa el abuso de querer cobrar más intereses por los que yo no firmé”, señaló Carlos.
La institución ha reiterado que las prendas permanecen resguardadas en las bóvedas y que la devolución está garantizada una vez que se reanuden las operaciones. Asimismo, ha sugerido realizar pagos de desempeño mediante los mecanismos oficiales para evitar cargos adicionales. Sin embargo, la falta de acceso físico a las sucursales mantiene el conflicto en un punto muerto.
El historial de movilizaciones en la institución incluye una huelga en febrero de 2024, que duró cerca de un mes y concluyó con un aumento salarial del 18% tras la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Previamente, entre diciembre de 1997 y junio de 1998, se registró un paro de más de cinco meses.
Actualmente, el conflicto ha escalado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo el amparo en revisión 33/2026. En agosto, el máximo tribunal decidió revisar si fue correcto declarar la inexistencia de la huelga, buscando determinar si la resolución legal se ajustó a derecho. Mientras tanto, la administración del Monte de Piedad sostiene que el origen del conflicto radica en la negativa sindical a aceptar los procesos de asignación de plazas vacantes propuestos por la institución.
