Un bloque de cinco naciones europeas —Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca y Países Bajos— ha anunciado planes para implementar centros de retorno fuera del territorio de la Unión Europea. Según Thanos Plevris, ministro griego de Migración, el proyecto busca que la primera de estas instalaciones comience a operar durante el segundo semestre de 2027, coincidiendo con la presidencia griega del Consejo de la Unión Europea. Aunque no se ha revelado el país africano anfitrión, se han mencionado a Ruanda, Uganda y Uzbekistán como posibles ubicaciones.
El esquema se diferencia de intentos previos al no tratarse de centros de acogida cerrados para el procesamiento de asilo, sino de instalaciones abiertas destinadas a personas cuya solicitud ya ha sido denegada mediante resolución firme. Para mitigar riesgos legales y de derechos humanos, la responsabilidad jurídica recaerá sobre los cinco Estados miembros de la UE, quienes financiarán el proyecto en su totalidad. Además, se contempla la supervisión de organismos como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Este esfuerzo surge tras el fracaso de iniciativas similares, como el 'modelo Ruanda' del Reino Unido, que fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo británico y posteriormente cancelado por el gobierno laborista tras una inversión de 700 millones de libras, o el acuerdo entre Italia y Albania, bloqueado por tribunales italianos. A diferencia de esos casos, el nuevo marco se apoya en una reforma del derecho europeo de asilo y en un reglamento de retorno aprobado por el Parlamento Europeo en junio de 2026, que busca establecer una base jurídica común.
No obstante, organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras han expresado preocupaciones sobre la viabilidad de garantizar asistencia jurídica, atención médica y una supervisión independiente efectiva. Asimismo, persisten dudas sobre la eficiencia económica del proyecto, dado que los costos de construcción y vigilancia podrían ascender a cientos de millones de euros con resultados inciertos en cuanto al número final de deportaciones.
