La situación de vulnerabilidad que enfrentan los defensores de derechos humanos en México será un punto central en el 197 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), programado del 26 al 30 de octubre en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en la ciudad de Panamá. Organizaciones civiles expondrán ante los comisionados los riesgos, agresiones y obstáculos persistentes en su labor, respaldadas por cifras de Espacio OSC que documentan el asesinato de al menos 60 defensores en el país entre 2024 y septiembre de 2026. Representantes del Estado mexicano han sido convocados a la audiencia del 29 de octubre para presentar su postura oficial.
En la misma jornada, la CIDH abordará la problemática de las comunidades rarámuri de Huitosachi, Mogótavo y Bacijípare, ubicadas en el municipio de Urique, Chihuahua. El caso se centra en presuntas violaciones a derechos territoriales, ambientales y culturales vinculadas al desarrollo del megaproyecto turístico Barrancas del Cobre en la Sierra Tarahumara. El periodo de sesiones también incluirá temas regionales sobre el acceso a la justicia y la independencia judicial en Perú, Ecuador, Costa Rica y Granada, además de la situación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador y la búsqueda de desaparecidos en el contexto del conflicto armado en Perú.
En un ámbito paralelo, México y Guatemala impulsaron con éxito una resolución ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la cual reafirma los derechos de los pueblos indígenas y fomenta su participación en foros internacionales. La iniciativa, aprobada por consenso en el 63 periodo de sesiones del consejo, se alinea con la reforma al artículo 2 constitucional de septiembre de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. La misión de México ante los organismos de la ONU en Ginebra destacó que esta resolución refuerza la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y garantiza que estos grupos puedan participar en las reuniones de la organización que les afecten directamente.
