Bosnia y Herzegovina se mantiene como un Estado federal de estructura compleja, donde las competencias políticas y administrativas se reparten entre el gobierno central, dos entidades autónomas —la Federación de Bosnia y Herzegovina (FBiH) y la República Srpska (RS)— y el distrito autónomo de Brčko. Esta división, establecida en 1995 tras el conflicto bélico que dejó cerca de 100,000 muertos y más de 2 millones de desplazados, busca equilibrar el poder entre bosníacos, croatas y serbios.
El sistema político, diseñado para evitar el predominio de un solo grupo, se basa en una Presidencia tripartita y una distribución equitativa de cargos parlamentarios. Sin embargo, esta arquitectura institucional a menudo resulta disfuncional, propiciando bloqueos constantes. La soberanía del país es limitada por la figura del Alto Representante, quien posee los denominados 'Poderes de Bonn', otorgados en 1997, que le permiten promulgar leyes y destituir funcionarios electos.
La tensión política se ha intensificado recientemente. Milorad Dodik, figura clave de la República Srpska, ha impulsado una retórica separatista, argumentando que el Estado central es excesivamente unitario. Dodik, quien cuenta con respaldo de Belgrado, Moscú y sectores cercanos a la administración Trump, se opone a la supervisión del Alto Representante. Paralelamente, sectores políticos croatas abogan por una mayor autonomía y la creación de una tercera entidad propia.
El futuro del país está ligado a su integración en la Unión Europea. Tras solicitar su adhesión en 2016, el Consejo Europeo aprobó en 2024 el inicio de las negociaciones. No obstante, el progreso está condicionado a reformas profundas en el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Aunque la UE ha destinado fondos de preadhesión desde 2007, algunos apoyos económicos para la República Srpska han sido suspendidos debido a las posturas separatistas de sus líderes.
