IGUALA, Gro. — A doce años de la tragedia que marcó la historia reciente de México, la noche del 26 de septiembre de 2014 sigue siendo un episodio inconcluso. Ulises Martínez Juárez, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de la generación 2012-2016, reconstruye las horas de terror que vivió tras una serie de ataques armados que dejaron seis personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos. Martínez Juárez, quien sobrevivió a la emboscada, relata cómo la jornada, que inició con la intención de conseguir autobuses para la marcha del 2 de octubre, derivó en una persecución violenta. El sobreviviente recuerda con precisión los disparos contra sus compañeros, la muerte de Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, y la herida que desfiguró la mandíbula de Édgar Andrés Vargas. Según sus registros fotográficos, el ataque durante la rueda de prensa ocurrió entre las 0:30 y las 0:35 horas del 27 de septiembre. Paralelamente, la investigación ha tomado un nuevo rumbo con la detención, este año, del médico forense Julio César Valladares Baranda. La familia del especialista cuestiona la acusación, argumentando que su labor en el Servicio Médico Forense (Semefo) durante aquella madrugada fue supervisada por autoridades y otros peritos. Su esposa, quien lo acompañó al Semefo aquella noche, sostiene que el médico se limitó a realizar las necropsias bajo los protocolos establecidos, sin tener facultades sobre la cadena de custodia o la identificación final de los cuerpos, procesos que corresponden a otras instancias de la Fiscalía. Mientras los sobrevivientes como Ulises continúan exigiendo justicia y señalando la responsabilidad de las autoridades, incluyendo al Ejército, la familia de Valladares Baranda denuncia que el trabajo forense realizado hace 12 años está siendo utilizado injustamente para fincar responsabilidades penales contra el médico.